La orden ejecutiva llegó apenas dos días antes de que comenzaran a aplicarse las medidas previstas en la denominada Ley Lindsey Graham de Sanciones a Rusia, aprobada por el Senado con 86 votos a favor y 11 en contra. La legislación busca limitar los ingresos energéticos del Kremlin mediante elevados aranceles a los países que compran petróleo y otros productos rusos. La suspensión generó cuestionamientos dentro del propio Partido Republicano, cuyos representantes habían respaldado las sanciones como una herramienta para reducir los recursos que financian la ofensiva militar de Vladímir Putin contra Ucrania. La medida también profundizó las diferencias entre la Casa Blanca y sectores del Congreso sobre la política exterior estadounidense. Sin embargo, mostró, una vez más, la cercanía entre Trump y Putin en plena invasión rusa a Ucrania. “Creo que está claro que Rusia es el agresor, y tenemos que hacer todo lo que podamos para ejercer presión económica sobre Rusia”, afirmó el senador republicano Rick Scott en declaraciones a AP. “Así que no es lo primero que yo estaría haciendo”, agregó sobre la decisión presidencial. NO CUMPLIR LA LEY El senador republicano Thom Tillis calificó la suspensión de “más que irresponsable” y cuestionó directamente al mandatario. “¿Qué parte de hacer cumplir una ley aprobada 86 a 11 por el Senado no entienden el presidente y sus asesores?”, preguntó. Además, consideró “inconcebible” que el Gobierno estadounidense adoptara una medida favorable a Moscú después de la invasión de Ucrania. Las críticas también llegaron desde la oposición demócrata. El líder de la bancada en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo que “al darle soporte vital a la economía rusa, el pacto de Trump con el diablo se vuelve cada vez más sucio”. Por su parte, la senadora Elizabeth Warren acusó al presidente de desafiar al Congreso y permitir que Putin continúe su ofensiva militar. La controversia se produce en medio de un acercamiento entre Washington y Moscú, después de que Trump anunciara un acuerdo con Putin para importar diésel ruso. La iniciativa busca contener el incremento de los combustibles en Estados Unidos, donde los precios de la gasolina se convirtieron en una preocupación para los consumidores antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El mandatario defendió la suspensión durante una cena de recaudación de fondos en su propiedad de Florida, aunque dejó abierta la definición sobre su aplicación. “Lo resolveremos, y ustedes lo resolverán. Pero es una muy buena decisión, y va a ser una decisión que es buena para el país, y creo que buena para el mundo”, manifestó ante los periodistas. RUBIO, JUSTIFICA El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que la administración pretende utilizar un plazo de 60 días para estudiar las consecuencias económicas de imponer nuevas restricciones a Rusia y a otros países. Según señaló, el análisis tendrá en cuenta los aranceles estadounidenses vigentes, los elevados precios internacionales de la energía y las consecuencias de la guerra con Irán. “Necesitamos ese periodo de tiempo para, en cierto modo, estudiar todo esto y averiguar cuál es la combinación correcta”, sostuvo Rubio antes de emprender un viaje hacia Asia Central. La explicación introdujo la posibilidad de una revisión de las sanciones, aunque Trump había dispuesto inicialmente una suspensión indefinida por razones de interés nacional. Mientras tanto, Ucrania enfrenta la proximidad del invierno bajo nuevos ataques rusos contra su infraestructura energética. Las ofensivas sobre instalaciones eléctricas y de calefacción amenazan el suministro para mantener los hogares abastecidos durante los meses de bajas temperaturas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su esperanza de que Washington restablezca las sanciones y pidió a sus aliados estadounidenses que se pronuncien a favor de mantener la presión económica sobre Rusia. El mandatario conserva vínculos con legisladores de ambos partidos, pese a las diferencias que ha mantenido con Trump. UNA INICIATIVA REPUBLICANA La legislación suspendida había sido impulsada durante casi un año por el senador republicano Lindsey Graham, fallecido durante el verano estadounidense. Su objetivo era restringir los ingresos que Moscú obtiene mediante las exportaciones energéticas y sancionar indirectamente a los países que sostienen ese comercio. Entre las principales preocupaciones del Congreso también aparece la denominada “flota fantasma” de petroleros que Rusia utiliza para transportar crudo y eludir las restricciones internacionales. Ya un grupo bipartidista de senadores había reclamado a la Casa Blanca medidas adicionales contra estas embarcaciones.