Sobreendeudamiento: impulsan en Santa Fe una ley para refinanciar deudas de familias
La crisis de ingresos y el crecimiento de los créditos digitales encendieron una nueva alarma en Santa Fe. En ese contexto, la diputada provincial Lucila De Ponti presentó un proyecto de ley para abordar el sobreendeudamiento de las familias santafesinas y establecer herramientas para quienes tienen dificultades para afrontar sus compromisos financieros. La iniciativa propone crear un sistema de asistencia financiera destinado a refinanciar deudas, con una tasa fija máxima del 35% nominal anual (TNA) y plazos de al menos 24 meses. El esquema contempla además incentivos fiscales para las entid…
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Abrir la fuente originalLa crisis de ingresos y el crecimiento de los créditos digitales encendieron una nueva alarma en Santa Fe. En ese contexto, la diputada provincial Lucila De Ponti presentó un proyecto de ley para abordar el sobreendeudamiento de las familias santafesinas y establecer herramientas para quienes tienen dificultades para afrontar sus compromisos financieros.
La iniciativa propone crear un sistema de asistencia financiera destinado a refinanciar deudas, con una tasa fija máxima del 35% nominal anual (TNA) y plazos de al menos 24 meses. El esquema contempla además incentivos fiscales para las entidades financieras que decidan adherir.
“Hay una clase media que se cae y nadie está ahí para tenderle una mano”, sostuvo De Ponti al presentar el proyecto.
Según la legisladora, una parte de las familias recurre al crédito para cubrir gastos cotidianos ante la pérdida de poder adquisitivo. “La gente se endeuda porque al día 20 ya no hay más sueldo”, afirmó, y cuestionó la interpretación del presidente Javier Milei sobre el endeudamiento como un problema derivado exclusivamente de decisiones individuales.
Qué propone el proyecto para los créditos digitales
La iniciativa también apunta a establecer mayores controles sobre las operaciones de bancos y fintechs.
Entre los principales puntos, plantea la obligación de informar de manera clara el Costo Financiero Total (CFT) y su composición. Además, busca prohibir las casillas preseleccionadas y las renovaciones automáticas de créditos, mientras que incorpora la posibilidad de revocar automáticamente débitos.
El proyecto también contempla nuevas reglas para las cobranzas. De Ponti propone limitar prácticas como los llamados durante horarios de descanso, las amenazas falsas de embargo y el contacto con familiares del deudor.
En caso de que una persona desconozca una deuda, la propuesta establece que los reclamos deberían quedar suspendidos hasta que se determine su origen.
Otro de los puntos centrales es que las condiciones para una eventual refinanciación deberían establecerse teniendo en cuenta los ingresos del grupo familiar, con el objetivo de evitar que una reestructuración termine profundizando el problema.
Inteligencia artificial y decisiones crediticias
La iniciativa incorpora además un capítulo relacionado con el uso de algoritmos e inteligencia artificial en el sistema financiero.
En concreto, plantea que los usuarios tengan derecho a conocer si una decisión vinculada con la aprobación, el rechazo o las condiciones de un crédito fue tomada mediante un sistema automatizado.
El proyecto contempla, además, la posibilidad de solicitar una revisión humana y habilitar auditorías estatales para detectar eventuales mecanismos discriminatorios en los sistemas utilizados por las entidades.
Las críticas de De Ponti al Gobierno
Al fundamentar la propuesta, la diputada justicialista cuestionó el diagnóstico económico del Gobierno nacional y sostuvo que el deterioro de los ingresos está llevando a más familias a recurrir al crédito para cubrir gastos básicos.
“El problema es su modelo económico, que está destruyendo el poder adquisitivo mientras barre con la producción y el trabajo argentinos”, afirmó De Ponti.
La legisladora también puso el foco en el tamaño de los préstamos tomados por quienes se encuentran en mora. Según los datos citados en su presentación, el 40% de las personas en esa situación habría tomado créditos inferiores a $370.000, un indicador que, de acuerdo con su interpretación, mostraría que buena parte del financiamiento se utiliza para afrontar gastos corrientes y no para realizar grandes consumos.
“Se puede legislar a favor de la gente. Se puede poner un límite a los que se aprovechan del mal momento de miles de familias para tener una ganancia extra”, remarcó De Ponti.
El proyecto deberá ahora comenzar su recorrido legislativo en la Legislatura de Santa Fe, donde se analizará su alcance y eventual implementación.
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