El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y solicitó además verificar sus billeteras virtuales, preservadas por claves secretas que el acusado entregó a la Justicia. Pollicita le había requerido al exfuncionario que justificara su patrimonio, Adorni presentó la semana pasada un escrito en respuesta a esa solicitud y ahora el fiscal ordenó reconstruir los ingresos y el patrimonio de su matrimonio con Bettina Angeletti desde que cada uno alcanzó la mayoría de edad: el 28 de febrero de 1998, en el caso de él, y el 10 de octubre de 2000, en el de ella. Hasta ahora, la pesquisa abarcaba el período iniciado el 1° de enero de 2012 hasta que Adorni dejó la función pública. En ese escrito de la semana pasada, que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, entregó a la Justicia, la defensa sostuvo que el capital que el exfuncionario aplicó a la compra de bitcoins a partir de 2014 provenía de un ahorro familiar consolidado por años con el producto de la actividad profesional de ambos cónyuges. Para corroborar esa explicación, Pollicita dispuso una batería de medidas sobre el período 1998-2011. El fiscal pidió a la Anses la historia laboral completa de ambos, con aportes, remuneraciones, empleadores y la actividad que hubieran ejercido como autónomos o monotributistas. Requirió a los registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense todos los inmuebles que tuvieron a su nombre, con los datos de las escrituras y los escribanos intervinientes. También solicitó a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor los vehículos que figuraron a su nombre. A la Inspección General de Justicia y a su par bonaerense les preguntó si integraron sociedades, asociaciones o fundaciones. A los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la ciudad y la provincia les consultó si ambos estuvieron matriculados. Además, Pollicita le pidió al juez federal Ariel Lijo que amplíe el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti para ese período. Con esa autorización, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá informar sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, los regímenes en los que estuvieron inscriptos y la información aportada por terceros. También deberá informar si adhirieron a blanqueos o moratorias, con los bienes y montos exteriorizados. El fiscal pidió además el detalle de todas las compras de dólares registradas, validadas o rechazadas a nombre de ambos entre 2011 y 2015, es decir, durante el cepo cambiario, con el destino que declararon y el resultado de la validación del organismo. La apertura de las billeteras Adorni informó la existencia de ocho direcciones de bitcoin con las que Adorni habría operado, según su versión, antes de llegar a la función pública, entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018. Según esa explicación, la liquidación de esas criptomonedas le habría reportado 591.544,61 dólares, los que, dijo, guardó durante años en su departamento y, mientras, vivió de manera austera, como si no existieran. Hasta que se convirtió en funcionario. Con ese dinero, Adorni justificó los dólares en efectivo que incluyó como “venta de activos” en su declaración jurada inicial (rectificada) de 2023. La defensa acompañó actas de escribano según las cuales Adorni firmó las ocho direcciones ante el escribano Flavio Murruni y entregó a Ledesma, en un sobre cerrado y lacrado, las claves privadas, que solo podrán abrirse por orden judicial. Pollicita convocó al abogado Ledesma a presentarse en la fiscalía con el perito de parte, el sobre y una computadora portátil propia. Allí, el especialista de la defensa deberá ingresar a las billeteras mediante programas como Sparrow o Electrum y firmar, en cada una de las ocho direcciones, un mensaje que la fiscalía le entregará en ese mismo momento. Luego, personal técnico de la Policía Federal hará una verificación criptográfica de cada firma y dejará constancia del resultado. El procedimiento será grabado y las claves privadas quedarán resguardadas: solo la defensa tendrá acceso a ellas. Para evitar eventuales planteos, el fiscal pidió al juez que autorice la medida. Si la aprueba, se fijará fecha y hora con la defensa. La causa contra Adorni por sus bienes comenzó a partir de su viaje con el presidente Javier Milei a la “Argentina Week”, en Nueva York, en marzo pasado. Fue acompañado por su esposa en el avión presidencial, hecho que quedó al descubierta por una foto periodística. Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló que Adorni había viajado en un avión privado con su familia a Punta del Este por el feriado del Carnaval. Desde entonces, y a los largo de meses, el funcionario fue hilvanando explicaciones que luego chocaban con las revelaciones periodísticas y judiciales sobre viajes, compras de propiedades y gastos por encima de sus ingresos declarados. Hasta último momento, sin embargo, recibió un respaldo cerrado de Javier Milei. En mayo, el Presidente dijo que Adorni “tenía todo en regla” y que “ni en pedo” se iba a ir del Gobierno. Un mes después, el propio Adorni rectificó sus declaraciones juradas y reconoció ahorros no declarados. La investigación avanzó sobre la compra de un departamento en Caballito, con una hipoteca no bancaria y sin interés por 200.000 dólares otorgada por las propias vendedoras. También, sobre la adquisición y refacción completa de una casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, y otros préstamos dos dos mujeres ligadas a la Policía. En marzo, Adorni aseguró en conferencia de prensa que todo lo que debía estar declarado estaba declarado. Lo mismo afirmó frente al Congreso. En junio, en una entrevista con LA NACION, terminó afirmando que tenía “ahorros en negro” e inversiones en bitcoin que no figuraban en sus declaraciones, y atribuyó parte de su patrimonio a dinero hallado tras la muerte de su padre, aunque antes había dicho que solo había heredado deudas. Presentó rectificativas de las declaraciones juradas de 2023 y 2024, con unos 513.000 dólares, y explicó que en la urgencia de fines de 2023 había copiado por error sus declaraciones anteriores. El 27 de junio renunció a la Jefatura de Gabinete. Un informe de los peritos de la fiscalía detectó una diferencia de más de 43 millones de pesos entre ingresos declarados y sus gastos familiares, además de 402.000 dólares a justificar en propiedades.